Tema: TEMA 38

IGUALDAD NOTA: El concepto de discriminación directa alude al trato desigual de ciertos grupos de personas o personas en base a algunos de los motivos expresamente prohibidos por nuestro ordenamiento jurídico: sexo, raza, religión, etc… Las discriminaciones directas por razón de sexo, se expresan de forma clara y explícita, atentan contra el ordenamiento jurídico vigente, y, por ello, son cada vez menos frecuentes. Así, se considerarían discriminaciones directas el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, el condicionamiento de un derecho o expectativa de derecho a la aceptación de una situación de acoso por razón de sexo o sexual, todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad o cualquier trato adverso o efecto negativo, que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, dirigida a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Por el contrario se podría considerar discriminación indirecta la convocatoria por parte de una empresa de un proceso de selección de personal en una categoría en la que se seleccionan mayoritariamente hombres al mismo tiempo que se realiza otra convocatoria para otra categoría con similares funciones a la primera en la que finalmente se seleccionan mayoritariamente mujeres, pero con salarios inferiores. Esta última práctica no se podría considerar ilegal ya que atenta abiertamente contra el ordenamiento jurídico, pero sus efectos serían claramente adversos para las mujeres.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 se considera el tratado internacional de derechos humanos de Naciones Unidas más operativo en la conquista de la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, siendo considerado actualmente como la carta internacional de los derechos humanos de las mujeres. Esta norma que en la actualidad vincula jurídicamente a 185 países, entre los que se encuentra España, se estructura en seis partes y treinta artículos. En su primera parte recoge las definiciones y los principios generales entre las que destaca el concepto de discriminación contra la mujer que se define como «toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer; de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera». Los treinta artículos de la Convención recorren todos los campos de actuación de los Estados, estableciendo no solo una declaración de derechos a favor de la mujer, sino un programa relativo a las medidas que deben adoptar los gobiernos para garantizar el disfrute de esos derechos.

IGUALDAD Al proclamarse la Segunda República, Clara Campoamor fue elegida diputada en 1931 las mujeres podían ser elegidas, pero no ser electoras integrando las listas del Partido Radical. Clara Campoamor asumió una apasionada defensa del derecho de sufragio femenino rechazando los argumentos de estas otras diputas y exigió un tratamiento legal igualitario para hombres y mujeres basado en los principios democráticos que debía garantizar la futura Constitución Republicana y en la eliminación de cualquier discriminación por razón de sexo. Al final triunfaron las tesis de Clara Campoamor que se incorporaron a la nueva Constitución por lo que se le considera la principal impulsora del sufragio femenino en España.