Tema: TEMA 37

El art. 510 del Código Penal en su apartado 1 dispone que «los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar; la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses». Y el apartado 2 de este artículo señala que «serán castigados con la misma pena los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía». Se entiende que el tipo penal no exige que la difusión sea pública, eso es, a través de los medios de comunicación, sino que se puede realizar por cualquier medio, de distintos modos y no necesariamente mediante la utilización de los medios de publicación. La jurisprudencia del Tribunal Supremo señala que la interpretación del término provocación se podría apreciar «cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante que facilite la publicidad o ante una concurrencia de personas a la perpetración del delito».

El art. 170.1 del Código Penal establece que «si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, se impondrán, respectivamente, las penas superiores en grado a las previstas en el artículo anterior». Se trata de un delito de peligro cuya particularidad viene determinada por el sujeto pasivo: población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas El tipo exige que se trate de amenazas graves y el mal con el que se amedrenta al grupo sea constitutivo de delito.

El art. 22.4 en combinación con el art. 66.3 del Código Penal señala que son circunstancias agravantes «cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, la enfermedad que padezca o su discapacidad». La inclusión de esta circunstancia agravante en el Código Penal respondió, según la Exposición de Motivos a que «la proliferación en distintos países de Europa de episodios de violencia racista y antisemita que se perpetran bajo las banderas y símbolos de ideología nazi obliga a los Estados democráticos a emprender una acción decisiva para luchar contra ella», no habiendo España «permanecido ajena al despertar de este fenómeno». Los tribunales exigen dos requisitos para estimar la circunstancia agravante: uno de carácter subjetivo, consistente en que el sujeto activo cometa el delito a causa de la raza, ideología, religión, creencia, nacionalidad, sexo, orientación, identidad sexual o discapacidad de la víctima; y otro, de carácter objetivo, en virtud del cual en la víctima debe concurrir real y verdaderamente esa condición o característica que ha motivado el delito. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán aportar con el atestado, no sólo las pruebas de la comisión del delito, sino también los indicadores de polarización que acrediten la motivación discriminatoria del delito para poder demostrar la concurrencia de esta agravante.

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), es un organismo creado al amparo de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, cuyas funciones son realizar un diagnóstico periódico de la situación del racismo y la xenofobia en España, establecer redes de comunicación formal e informal con los órganos y organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en la lucha contra el racismo y la xenofobia así como promocionar el principio de igualdad de trato.

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) es un organismo del Consejo de Europa (integrado no sólo por los Estados Miembros de la Unión Europea sino por todos los países europeos con la salvedad de Bielorrusia, Kazajistán y la Ciudad del Vaticano). Tiene por objeto combatir el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia a nivel paneuropeo y desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos. Uno de los pilares del programa de trabajo de la ECRI es su enfoque país por país, que le permite analizar la situación del racismo y la intolerancia en cada uno de los Estados miembros, y formular propuestas sobre cómo afrontar los problemas identificados.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (conocido como CERD por sus siglas en inglés) es un órgano creado por la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y compuesto de dieciocho expertos de gran prestigio moral y reconocida imparcialidad, elegidos por los Estados partes entre sus nacionales. Dicho Comité no es un tribunal, sino que es un órgano cuyos expertos examinan los informes presentados por los distintos países miembros y tras dicho examen, concluye con una serie de recomendaciones no vinculantes para los Estados. El Comité resuelve cuestiones entre Estados miembros, así, si un Estado parte considera que otro Estado parte no cumple las disposiciones de la Convención, podrá señalar el asunto a la atención del Comité.

Socialización El término «aporofobia» proviene de los prefijos griegos «áporos» que significa pobre, y «fobos» que denota rechazo y miedo. Este es un término innovador que se ha introducido recientemente por la filósofa Adela Cortina Orts para diferenciarlo de comportamientos racistas y xenófobos y darle nombre a las actitudes de miedo, rechazo y discriminación que se ejercen sobre los individuos y poblaciones que viven en situaciones de pobreza. La aporofobia consiste, por tanto, en un sentimiento de miedo y en una actitud de rechazo al pobre, a quien no tiene medios económicos o se encuentra desamparado. Tal sentimiento y tal actitud se adquiere, se induce, se provoca, se aprende y se difunde a partir de relatos alarmistas y sensacionalistas que relacionan a las personas de escasos recursos con la delincuencia y con una supuesta amenaza a la estabilidad del sistema socioeconómico. Sin embargo, un análisis riguroso de los datos disponibles nos muestra que la mayor parte de la delincuencia, y la más peligrosa, no procede de los sectores pobres de la población, sino de mafias bien organizadas que controlan una inmensa cantidad de recursos.