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Tema: TEMA 24

Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

En concordancia con lo establecido en el artículo 451 del Código Penal, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes:

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 451. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes: 1.º Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio. 2.º Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento. 3.º Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que el hecho encubierto sea constitutivo de traición, homicidio del Rey o de la Reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la Reina consorte o del consorte de la Reina, del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe o de la Princesa de Asturias, genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, rebelión, terrorismo, homicidio, piratería, trata de seres humanos o tráfico ilegal de órganos. b) Que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas. En este caso se impondrá, además de la pena de privación de libertad, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años si el delito encubierto fuere menos grave, y la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años si aquél fuera grave.

Uno de los artículos de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal que hace referencia al delito de «Cohecho», es el:

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 422. La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.

¿Cuál de las siguientes conductas constituye delito de cohecho Impropio según el artículo 422 del Código Penal?

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal Artículo 422. La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.

Según el artículo 510 del Código Penal, ¿cuál de las siguientes conductas constituye un agravante específica del delito de incitación al odio?:

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal Artículo 510. 3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas.

Según el artículo 550.2 del Código Penal los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra la autoridad y de ………………….. en los demás casos.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 550. 1. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas. 2. Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos. 3. No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.

El sujeto pasivo en los delitos de atentado ha de ser (señale la respuesta más correcta):

DERECHO PENAL En los delitos de atentado, regulados en el Código Penal (en los artículos 550 y siguientes), el sujeto pasivo debe ser una autoridad, un agente de la autoridad o un funcionario público, siempre que el atentado se cometa en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. Esta opción abarca de manera más completa las categorías de personas protegidas por este tipo de delitos, incluyendo tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos y agentes de la autoridad en el contexto de sus labores o por razón de las mismas.

El bien jurídico protegido en los atentados a los funcionarios públicos es:

DERECHO PENAL En los delitos de atentados contra funcionarios públicos, el bien jurídico protegido es el principio de autoridad, que se refiere al respeto y la protección del orden público y la función que ejercen los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. Este principio busca garantizar que los funcionarios puedan desempeñar sus funciones sin ser objeto de agresiones o impedimentos, asegurando el correcto funcionamiento de la administración pública. Las otras opciones no son correctas porque: A) El deber de probidad de los mismos : La probidad se refiere a la honestidad y rectitud en el ejercicio de las funciones públicas, pero no es el bien jurídico principal protegido en los atentados, ya que estos delitos se centran en actos que afectan la autoridad o el ejercicio de las funciones, no necesariamente la integridad moral del funcionario. C) El principio de lealtad de los administrados : Este principio no es un bien jurídico protegido en este contexto, ya que los atentados se dirigen contra la autoridad del funcionario, no contra la conducta de los ciudadanos en términos de lealtad.

Los delitos contra la Corona se contemplan en el Código Penal en el:

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal LIBRO II. Delitos y sus penas (138 – 616 quáter) TÍTULO XXI. Delitos contra la Constitución (472 – 543) CAPÍTULO I. Rebelión (472 – 484) CAPÍTULO II. Delitos contra la Corona (485 – 491) CAPÍTULO III. De los delitos contra las Instituciones del Estado y la división de poderes (492 – 509) Sección 1.ª Delitos contra las instituciones del Estado (492 – 505) Sección 2.ª De la usurpación de atribuciones (506 – 509) CAPÍTULO IV. De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. (510 – 528) Sección 1.ª De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución (510 – 521 bis) Sección 2.ª De los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos (522 – 528) CAPÍTULO V. De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales (529 – 542) Sección 1.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad individual (529 – 533) Sección 2.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad (534 – 536) Sección 3.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales (537 – 542) CAPÍTULO VI. De los ultrajes a España (543)