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Tema: TEMA 24

Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

El funcionario que tome parte en el abandono manifiestamente ilegal de un servicio público esencial, con grave perjuicio a la comunidad, será castigado con la siguiente pena:

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 409. A las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, se les castigará con la pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. Las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad, serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses.

Comete cohecho activo:

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 424. (Cohecho – Activo) (Modificado por ley orgánica 1/2015) 1. El particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase el que debiera practicar, o en consideración a su cargo o función, será castigado en sus respectivos casos, con las mismas penas de prisión y multa que la autoridad, funcionario o persona corrompida.

«La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años», viene recogido en el Código Penal, en su artículo:

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 408. (Omisión del deber de perseguir delitos) La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

La Autoridad o funcionario público que cometiere un delito de malversación sobre el patrimonio público cuando se hubiere causado un daño o entorpecimiento graves al servicio público, será castigado con la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de:

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 432. (Malversación) (Modificado por Ley Orgánica 14/2022) 2. Se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si en los hechos que se refieren en el apartado anterior hubiere concurrido alguna de las circunstancias siguientes: se hubiera causado un daño o entorpecimiento graves al servicio público,

Los delitos contra la Administración Pública se localizan en el Código Penal en el Titulo:

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. LIBRO II Delitos y sus penas (arts. 138-616 quárter) TITULO XIX. Delitos contra la Administración pública CAPITULO I. De la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos (404 – 406) CAPITULO II. Del abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos (407 – 409) CAPITULO III. De la desobediencia y denegación de auxilio (410 – 412) CAPITULO IV. De la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos (413 – 418) CAPITULO V. Del cohecho (419 – 427 bis) CAPITULO VI. Del tráfico de influencias (428 – 431) CAPITULO VII. De la malversación (432 – 433 ter, 434 – 435) CAPITULO VIII. De los fraudes y exacciones ilegales (436 – 438 bis) CAPITULO IX. De las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función (439 – 444) CAPÍTULO X. Disposición común a los Capítulos anteriores (445)

El delito de prevaricación se comete:

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 404. (Prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos) (Modificado por Ley Orgánica 1/2015) A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.

¿A qué delito, relativo a los funcionarios públicos, hace referencia el artículo 437 del Código Penal?

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. CAPÍTULO VIII – De los fraudes y exacciones ilegales Artículo 437. La autoridad o funcionario público que exigiere, directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada, será castigado, sin perjuicio de los reintegros a que viniere obligado, con las penas de multa de seis a veinticuatro meses y de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años.

En los delitos de cohecho pasivo, ¿Quién es el sujeto activo?

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. CAPÍTULO V – Del cohecho Artículo 419. La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 412 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, el funcionario público que, requerido por un agente de la autoridad, no prestare el auxilio debido para la Administración de Justicia, incurrirá en las penas de:

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 412. 1. El funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público, incurrirá en las penas de multa de tres a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. 2. Si el requerido fuera autoridad, jefe o responsable de una fuerza pública o un agente de la autoridad, se impondrán las penas de multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a tres años. 3. La autoridad o funcionario público que, requerido por un particular a prestar algún auxilio a que venga obligado por razón de su cargo para evitar un delito contra la vida de las personas, se abstuviera de prestarlo, será castigado con la pena de multa de dieciocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. Si se tratase de un delito contra la integridad, libertad sexual, salud o libertad de las personas, será castigado con la pena de multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años. En el caso de que tal requerimiento lo fuera para evitar cualquier otro delito u otro mal, se castigará con la pena de multa de tres a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

El delito del artículo 422 del vigente Código Penal, de información privilegiada requiere:

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 422. La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.