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CONSTITUCIÓN

Los principios rectores de la política social y económica, recogidos en los artículos 39 a 52 del Título I de la Constitución Española, sólo podrán ser alegados ante los jueces cuando así lo determinen las leyes que los desarrollen. Estos principios no tienen una aplicación directa e inmediata como los derechos fundamentales, sino que dependen de su desarrollo legislativo para ser exigibles en un tribunal.

Fundamento normativo:
  1. Artículo 53.3 de la Constitución Española:
    • «El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios recogidos en el Capítulo III del Título I informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.»
    • Este artículo aclara que los principios rectores son directrices para la actuación de los poderes públicos, y no derechos directamente exigibles salvo que una ley específica los desarrolle.
Ejemplos de principios rectores:
  • Protección de la familia y de la infancia (art. 39).
  • Derecho a la protección de la salud (art. 43).
  • Derecho a la vivienda digna (art. 47).
  • Protección del medio ambiente (art. 45).
  • Acceso a la cultura (art. 44).
Exigibilidad de estos principios:
  • Estos principios rectores no son de aplicación automática, sino que orientan la acción de los poderes públicos en la creación de leyes y políticas. Los ciudadanos podrán alegar estos principios ante los jueces cuando una ley específica los haya desarrollado y permitido su invocación judicial.
  • Sin el desarrollo legislativo correspondiente, estos principios no pueden ser exigidos directamente por los ciudadanos en los tribunales.
Resumen:

Los principios rectores de la política social y económica, establecidos en los artículos 39 a 52 de la Constitución Española, solo podrán ser alegados ante los jueces cuando una ley los desarrolle y permita su exigibilidad judicial, según lo dispuesto en el artículo 53.3 de la Constitución. Estos principios orientan la actuación de los poderes públicos, pero no son directamente exigibles como los derechos fundamentales.