Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 114. Fin de la vía administrativa.

1. Ponen fin a la vía administrativa:

• a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
• b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2.
• c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
• d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
• e) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.
• f) La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4.
• g) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

2. Además de lo previsto en el apartado anterior, en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes:

• a) Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.
• b) Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares.
• c) Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal.
• d) En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.

NOTA: Los actos que no causan estado son aquellos susceptibles de ser recurridos ante la Administración, al no agotar la vía administrativa.

Por contra, los actos que causan estado son aquellos que ponen fin a la vía administrativa, sin perjuicio, de la posible revisión de oficio o del recurso extraordinario de revisión. Sólo los actos que causan estado pueden ser impugnados ante la jurisdicción contencioso-administrativa, pues constituyen la última palabra de la Administración por proceder de órganos o autoridades a cuyas decisiones reconoce la Ley esa trascendencia.